Aparece muerta un águila real en Valladolid que pudo morir envenenada.
El portavoz de la Asociación para la Conservación y Estudio de la Naturaleza de Valladolid (ACENVA), Jesús Colás, ha informado a EFE de que, a falta de la confirmación oficial de la autopsia, es "casi seguro" que el ave muriera envenenada por la utilización de un producto fitosanitario ilegal, aunque la investigación todavía no ha confirmado de qué compuesto se trata.
El águila imperial ibérica es una especie catalogada en peligro de extinción, endémica de la Península Ibérica, cuya población se cifra en 253 parejas, de las que 42 habitan en Castilla y León.
De plumaje pardo oscuro y blanco, esta rapaz suele alimentarse de conejos, liebres, palomas y otras aves, además de zorros, roedores y, ocasionalmente, de carroña.
Colás ha recordado que el pasado verano se produjo un suceso similar en Valladolid, en el que perecieron catorce milanos negros.
Ha asegurado que los autores de estos delitos se exponen a multas que oscilan entre 3.000 y 60.000 euros, e incluso a penas de cárcel.
Leer el artículo completo en ABC.es
El portavoz de la Asociación para la Conservación y Estudio de la Naturaleza de Valladolid (ACENVA), Jesús Colás, ha informado a EFE de que, a falta de la confirmación oficial de la autopsia, es "casi seguro" que el ave muriera envenenada por la utilización de un producto fitosanitario ilegal, aunque la investigación todavía no ha confirmado de qué compuesto se trata.
El águila imperial ibérica es una especie catalogada en peligro de extinción, endémica de la Península Ibérica, cuya población se cifra en 253 parejas, de las que 42 habitan en Castilla y León.
De plumaje pardo oscuro y blanco, esta rapaz suele alimentarse de conejos, liebres, palomas y otras aves, además de zorros, roedores y, ocasionalmente, de carroña.
Colás ha recordado que el pasado verano se produjo un suceso similar en Valladolid, en el que perecieron catorce milanos negros.
Ha asegurado que los autores de estos delitos se exponen a multas que oscilan entre 3.000 y 60.000 euros, e incluso a penas de cárcel.
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